Campo y Familia

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, publicó el Coeficiente Único de Distribución (CUD) con el que se repartirán durante 2026 los recursos coparticipables entre los 135 municipios bonaerenses. Como ocurre cada inicio de año, la actualización del índice generó reclamos en varios distritos que registraron caídas en su participación.

Uno de los cuestionamientos más visibles fue el del senador nacional Maximiliano Abad, quien advirtió que el partido de General Pueyrredón —donde se encuentra Mar del Plata— perdió cerca del 5% de su participación en la coparticipación provincial en los últimos diez años. Según detalló, entre 2023 y 2025 la reducción fue equivalente a la registrada en toda la década anterior.

Desde el municipio de General Madariaga, gobernado por la UCR, también expresaron disconformidad. Las autoridades locales señalaron que en 2026 recibirán alrededor de 800 millones de pesos menos que el año anterior y afirmaron que, en términos acumulados, el CUD del distrito cayó un 25% en la última década, lo que —a valores actuales— equivaldría a unos 4.000 millones de pesos.

Más allá de los reclamos puntuales, distintos dirigentes coincidieron en que el conflicto excede a la actual administración provincial y responde a un sistema que muchos consideran desactualizado. En ese sentido, el diputado nacional Sebastián Galmarini planteó la necesidad de revisar el esquema de distribución, al igual que la coparticipación federal, y lo definió como una “deuda institucional”.

Desde otros espacios, como La Libertad Avanza, se impulsa directamente la eliminación del CUD y la descentralización de los impuestos patrimoniales para que sean administrados por los intendentes. En esa línea se expresó el senador provincial Matías de Urraza, quien propuso que los municipios gestionen sus propios recursos.

El actual régimen de coparticipación bonaerense rige desde 1988 y establece que los municipios reciben el 16,14% de determinados impuestos provinciales y nacionales. Ese monto se distribuye según el CUD, que se recalcula anualmente en función de variables como población, capacidad tributaria, superficie y prestaciones de salud.

Desde 2022, el sistema incorpora topes para evitar caídas abruptas: ningún municipio puede perder más del 5% de su coeficiente en un año, y en casos de reducciones consecutivas ese límite baja al 2,5%. En 2026, nueve distritos quedaron alcanzados por el tope máximo del 5%, mientras que otros cuatro accedieron al límite reducido del 2,5%.