El senador nacional cuestionó una compra de drones del Ministerio de Seguridad cordobés y sostuvo que se trata de “un traje a medida”. El gobernador y su ministro rechazaron las acusaciones y defendieron el proceso administrativo.
El senador nacional Luis Juez acusó al gobierno de Martín Llaryora de incurrir en hechos de corrupción a partir de una licitación del Ministerio de Seguridad de Córdoba para la compra de drones y servicios asociados. El cruce se dio a través de redes sociales, luego de que el Tribunal de Cuentas provincial objetara el proceso.
La controversia gira en torno a una licitación por unos 6,8 millones de dólares para la adquisición de drones, software y antenas destinadas a la Policía de Córdoba, que tuvo un único oferente y ya había sido preadjudicada en septiembre de 2025. Desde el Ejecutivo provincial sostuvieron que el procedimiento atravesó más de 70 instancias administrativas y contó con avales técnicos y legales.
El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, defendió la operación y cuestionó la intervención del Tribunal de Cuentas, al afirmar que se trata de una decisión política que frena la incorporación de tecnología para la seguridad. En ese marco, apuntó directamente contra el juecismo por, según dijo, buscar impedir el fortalecimiento de la fuerza policial.
Llaryora respaldó públicamente a su ministro y advirtió que “hacer política partidaria con la seguridad es jugar con la vida de los cordobeses”, además de señalar que sectores opositores contradicen la política de seguridad que impulsa el Gobierno nacional.
La respuesta de Juez llegó poco después. Al replicar el mensaje del gobernador, el senador afirmó: “Lo que el Tribunal de Cuentas le ha observado es una licitación hecha como un traje a medida. Nada tiene que ver con la seguridad de los cordobeses; es uno de los tantos hechos de corrupción a los que su administración nos tiene acostumbrados”. Además, agregó que tanto el gobernador como su ministro deberían dar explicaciones ante la Justicia.
El cruce se inscribe en una escalada de tensión entre el juecismo y el oficialismo cordobés. En los últimos meses, Juez viene denunciando presuntas irregularidades en distintas áreas de la gestión provincial, incluyendo licitaciones públicas y el funcionamiento de organismos de control, mientras que desde el entorno de Llaryora rechazan las acusaciones y las atribuyen a disputas políticas y electorales.
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