Campo y Familia

Desde el sector rural señalaron que la iniciativa mejora la seguridad jurídica, fomenta la formalización y abre un escenario más favorable para la inversión y el desarrollo en el interior productivo, de acuerdo con lo informado por El Cronista.

Con el proyecto de reforma laboral ya encaminado al Senado, el capítulo agrario se convirtió en uno de los puntos más defendidos por las entidades del sector. Dirigentes y especialistas coincidieron en que la iniciativa corrige distorsiones que, según sostienen, durante años desalentaron la formalización del empleo y la inversión en el interior productivo.

Durante su exposición ante las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda, la directora ejecutiva de la Fundación Barbechando, María Ángeles Naveyra, afirmó que el proyecto “tiene un alto impacto en la estructura del empleo y la economía nacional” porque busca reducir la litigiosidad y ordenar aspectos normativos que generaban incertidumbre. Además, remarcó que el agro representa el 25% del PBI y que siete de cada diez dólares que ingresan al país provienen de la cadena agroindustrial.

Uno de los puntos más valorados por el sector es la modificación del régimen de responsabilidad solidaria en campos arrendados. Naveyra sostuvo que mantener una responsabilidad automática y generalizada “desincentiva totalmente los contratos formales y genera un riesgo jurídico que no refleja la realidad operativa”, en un contexto donde más del 60% de la producción se realiza sobre tierras arrendadas. En la misma línea, el abogado Ignacio Forconi, asesor de la Sociedad Rural Argentina, consideró que la reforma aporta mayor claridad sobre quién debe responder por las obligaciones laborales.

El proyecto también elimina la figura del trabajador permanente discontinuo y amplía a ocho meses el período de prueba para el trabajo agrario permanente. Desde el sector argumentan que estas modificaciones reconocen la estacionalidad propia de la actividad y pueden facilitar la contratación formal. A su vez, la creación de un Fondo de Asistencia Laboral fue presentada como una herramienta que aporta previsibilidad, especialmente para pymes rurales, al colaborar en el pago de indemnizaciones.

En materia impositiva, Naveyra destacó la incorporación de personas humanas al Régimen de Incentivo a Medianas Inversiones (RIMI), el diferimiento del pago del Impuesto a las Ganancias por la evaluación de la hacienda de invernada y la eliminación del cupo para la devolución del saldo técnico del IVA. En su cierre ante el Congreso, sintetizó la postura del sector: “Necesitamos más empleo formal, más producción y más inversión”.